Entre Rios: Pescadores deportivos deberán tener licencia

La Cámara de Senadores aprobó

las modificaciones que introdujo

la Cámara de Diputados de la pcia.

al Régimen de la Ley de Pesca 4.892,

por lo que el control de la pesca deportiva

en Entre Ríos quedará bajo la órbita

de los municipios y comunas

La reforma, que deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, establece que se le otorgará hasta aun 70 por ciento de lo recaudado a los municipios y comunas que intervengan en el control de la pesca deportiva. 

De esta manera, según explicó a EL DIARIO el senador César Garcilazo, “se hizo una modificación a la ley existente, que es la 4.892, en la que se le incorporó que los aranceles que se cobran sobre los permisos de caza y pesca sean compartidos, coparticipados”. 

Lo que se acordó, con la modificación es, además, que todos los pescadores tengan que obtener su permiso para pescar y además, establecer como obligatorio que los puertos de fiscalización incorporen la pesca deportiva y esos fondos serán coparticipables.

CONTROL. 

Los cambios, según apuntó el legislador, es para tener un mayor control sobre los recursos y que los aranceles que se recauden sean coparticipables con las comunas, ya que demás, deberán tener el control de la pesca deportiva. 

El senador de Victoria destacó la importancia que tiene esta reforma para los municipios, ubicados a la vera del río y en zonas donde se desarrolla una intensa actividad de pesca comercial, ya que obtendrán hasta un 70 por ciento de lo que se recaude en esos puntos de fiscalización. 

Al fundamentar los cambios, se explicó que la legislación establecía que para pescar en aguas de uso público de la jurisdicción provincial, se debía obtener un permiso o licencia habilitante; pero también en un artículo posterior se eximía de esa exigencia a los pescadores deportivos, situación que ahora, con la modificación deberán también pagar su arancel. 

Se indicó que la nueva norma obliga a los pescadores deportivos, como requisito ineludible, la obtención de la licencia habilitante, previo pago de un arancel, al igual que los pescadores comerciales. 

No obstante, se indicó que quedan “exceptuados de las disposiciones los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”. A esos pescadores, como aquellos que no utilizan medios masivos de pesca, podrán tramitar una habilitación gratuita, se indicó. 

Cuando comenzó el debate en la legislatura y la necesidad de introducir los cambios, se indicó que la pesca deportiva en la provincia es una importante fuente de ingresos para distintos sectores de la economía provincial, entre ellos, para operadores y trabajadores del turismo y la legislación actual planteaba confusiones. 

Por esa razón, se puso énfasis en que los pescadores deportivos también deban pagar los aranceles y tener el carné. “Incorpórese dentro del Régimen de la Ley de Pesca Nº 4892, los Puertos de Fiscalización de productos de la pesca comercial y de la pesca deportiva, los que se instrumentarán a través del Ministerio de Producción o el Organismo que éste designe, mediante convenios que éste podrá suscribir con las comunas, juntas de gobierno y municipios de la provincia, previo informe y determinación de la Dirección de Recursos Naturales sobre los lugares apropiados para ese fin”, así quedó redactado la modificación al artículo primero de la legislación. 

Asimismo, se acordó que el Poder Ejecutivo, en forma anual, fije el arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos transitorios de la pesca deportiva atendiendo al valor de cada especie en el mercado. Para dar el indicativo del precio habrá un informe previo de la Dirección de Recursos Naturales, se indicó. 

Además, se indicó que el ingreso obtenido será destinado al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna creado por el Artículo 78º de la Ley Nº 4.841 (Ley de Caza) y también, se prevé que hasta un 70 por ciento de estos montos (del total que se recaude por la pesca comercial y deportiva) podrá destinarse al municipio, juntas de gobierno o comuna que ejerzan la fiscalización.

Fuente: El Diario